Sociolaboral

LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA COMO ESPEJISMO.

(publicada inicialmente el 13 de marzo de 2013)

¿Cada persona un voto? Sí, pero… ¿para qué? La respuesta a la pregunta es la que puede dar contenido y valor al principio o limitar todo a una figura estética sin ningún efecto real sobre los problemas de la sociedad y menos aún proporcionar soluciones. En mi post anterior afirmaba: “…la democracia como hecho formal es insuficiente, necesita del equilibrio social y económico para ser realmente el sistema en el que todas las personas son iguales y consideran satisfechas las expectativas de obtener una adecuada solución a las situaciones de desigualdad, desamparo u objetivamente injustas.” Por lo que la pregunta vuelve a ser la misma: ¿Democracia? sí, pero… ¿para qué?

Es que si todo se reduce a contar el contenido de las urnas, para saber qué partido consigue el poder de gobernar, como mejor le parezca, hasta las siguientes elecciones en las que el pueblo ratificará su gestión o lo sustituirá por otro con el mismo omnímodo poder, no cabe hablar de democracia mejor ni peor, ni perfecta o imperfecta, ni impecable o degenerada. Vota, observa y calla hasta la próxima vez que se coloquen las urnas.

Ahora bien, si pensamos que el sistema de libertades que da valor a la democracia es la vara de medir la calidad de la misma y que la libertad no deja de ser una entelequia sin igualdad efectiva, es cuando podemos calificar el estado de la democracia y señalar las deficiencias a corregir. Si creemos que los derechos de los ciudadanos amparados por la misma constitución, quedan vulnerados cuando no son los mismos por mor del territorio donde habitan, de la religión que profesan, de la lengua que hablan, del color de su piel, del sexo, no podemos olvidar las diferencias de cuna, de clase social, de fortuna, de oportunidades…

Reclamar correcciones en el sistema de atribuciones de escaños por circunscripciones, para alcanzar más igualdad en los efectos reales de la representatividad de los ciudadanos, lo consideramos una necesidad que corrija defectos constatados y ayude en la deseada regeneración democrática.

Reclamar la devolución al estado central de las competencias en materia educativa, para lograr más igualdad en los deseados efectos de educación, capacitación y mismas oportunidades para demostrar el merito, lo consideramos una necesidad que también ponga coto a la disgregación de valores comunes y al fomento de la diferencia y la insolidaridad y ayude en la deseada regeneración democrática.

Reclamar la homogeneidad en la asistencia sanitaria y prestaciones sociales, al mejor nivel de calidad posible, sin discriminar por renta o por domicilio, lo consideramos una necesidad que evita la existencia de ciudadanos de primera y de segunda y que considera la salud y bienestar de la persona una responsabilidad colectiva y ayude en la deseada regeneración democrática.

Reclamar una Justicia independiente de los poderes legislativo y ejecutivo, resolutiva y eficiente, absolutamente respetuosa del principio de igualdad ante la ley, lo consideramos una necesidad que garantiza al ciudadano los procedimientos pacíficos de solución de conflictos, armonía de intereses y seguridad en la punidad de conductas antisociales y ayude en la deseada regeneración democrática.

Reclamar la gestión de los fondos públicos con criterios de equidad y proporcionalidad en los ingresos mediante una fiscalidad progresista, objetivos de solidaridad y cohesión social en los gastos e inversiones, honestidad y oportunidad en la administración y consideración de comunidad social no fragmentada para todos los españoles, lo consideramos una necesidad que atiende al principio de relatividad de lo privado, lo particular y lo territorial para asegurar el bien común y el progreso general y ayude en la deseada regeneración democrática.

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA llamamos a esa lista de exigencias que tienen como común denominador la IGUALDAD objetiva en derechos y obligaciones, requisito esencial para vivir con LIBERTAD en la diversidad del grupo social al que pertenecemos.

Cuando se pone en cuestión el equilibrio entre poderes fácticos, reales, que han marcado la historia de los conflictos de la humanidad por estar, su crisis, en los fundamentos del enfrentamiento entre minorías privilegiadas y mayorías dolientes, se está atentando contra el núcleo del sistema democrático y la regeneración de todos los demás aspectos se torna imposible.

La reforma laboral que el Partido Popular pretende imponer en este país socava ese equilibrio, arrebata los resultados de cincuenta años de conquistas sociales, vacía de contenido el derecho del trabajo como protocolo pacífico de general aceptación, supedita las expectativas de progreso y bienestar de la mayoría a la obtención de beneficios de una minoría, concede potestades abusivas a los propietarios de los medios de producción y obliga a la aceptación de condiciones degradadas como contrapartidas del trabajo personal.

No alinearse frontalmente contra esa agresión a la igualdad y a la justicia hace estéril otros esfuerzos por mejorar la democracia y deja el discurso de exigencia de regeneración democrática en un mero ejercicio dialectico, falso y falto de compromiso con la mayoría social del país. Es dar la espalda a las clases trabajadoras más necesitadas y dejar a su albur a las clases medias en proceso de desaparición por la crisis.

No apoyar la huelga general, que tamaña agresión ha provocado, es un grave error político que evidencia esa falta de compromiso con la mayoría, la inconsistencia de una posición política y la incapacidad de asumir responsabilidades relevantes con la realidad. Así la regeneración democrática será el espejismo que en el desierto despista al perdido, le hace creer que tiene un destino y muestra la cruel frustración de la inutilidad justo antes de desfallecer… definitivamente. 

LA REFORMA LABORAL 2: TABLAS AMAÑADAS.

(publicada inicialmente el 22 de junio 2011)

Se acaba de producir la votación de la propuesta del Gobierno que reforma, una vez más, la legislación laboral, con recorte de derechos de los trabajadores, disminución de costes de despido, más fácil además, para los empresarios, aumento de las potestades discrecionales de estos y reforzamiento del monopolio sindical que detentan UGT y CCOO en un a modo de compensación postrera.

Con este acto, el gobierno desahuciado del PSOE insiste en seguir haciendo el trabajo sucio que el capitalismo le demanda, dejando tras de sí la tierra quemada que prueba su absoluta incapacidad de decidir autónomamente de sus servidumbres, las políticas con los nacionalismos de siempre y las fácticas con los grandes grupos económicos y financieros.

La partida acaba en tablas, según pretende hacernos creer el gobierno, pero es evidente que todo se ha amañado para llegar a este resultado, con la vana pretensión de que la resultante sea una victoria política de aplicaciones varias: para ZP, sacar pecho ante Europa-Merkel y seguir presumiendo de que logra cumplir sus compromisos; para el PSOE y el candidato Rubalcaba, ganar tiempo, procurando “no pisar demasiados callos” y seguir esperando un milagro de cara a las próximas elecciones.

La descarada apuesta política de la CEOE por el PP, boicoteando la concertación social, logra premio, con el plus añadido de haber rectificado (a peor para los trabajadores) las condiciones de despido de la reforma laboral 1. Los sindicatos hegemónicos y monopolistas de CCOO y UGT, incapaces de movilizar a los que dicen representar, por su entrega y complicidad con el PSOE, apenas balbucean alguna protesta, pero ven como se posterga la capacidad de los órganos unitarios de representación laboral (Comités de empresa) para dar prioridad a sus “sucursales-secciones” sindicales, en una maniobra más para ahogar en lo posible la expansión del sindicalismo independiente de empresa y otras opciones federales y confederales que lenta, pero inexorablemente, van haciéndose hueco en sus errores.

Sosteniendo los beneficios inmediatos para la economía española de esta reforma, Valeriano Gómez ha pretendido presentarla como inocua para las dos partes implicadas y equilibrada entre intereses distintos. Pero, salvo “vestir el expediente” ante la UE, no contenta a nadie y desde perspectivas distintas se coincide en que no solucionará gran cosa.

Todo este proceso, desde el momento en que los interlocutores sociales se sentaron, ha venido acompañado de una feroz campaña mediática, falsa y manipuladora, que ha querido presentar el sistema español de regulación laboral basada en acuerdos firmados entre partes (negociación colectiva), como algo “esclerotizado”, “rígido”, “desfasado”, “herencia franquista”, “sin comparación con Europa”, “destructivo para la iniciativa empresarial” y otras muchas falacias de todo tipo, cuando lo cierto, para quien conozca mínimamente los procedimientos y costumbres de concertación laboral en Europa, en especial en los países de economía más fuerte (y por ende mayor democracia industrial), es que las diferencias son escasas, no son insuperables en su adaptación y, desde que existe la libertad de negociación, los propios interlocutores han aceptado, importado y adaptado formulas aplicadas en los países de ese nuestro entorno más equiparable.

¿La ultra-actividad de los convenios? Pensemos que, si a la finalización de la vigencia de un convenio colectivo, las contrapartidas y condiciones pactadas en el mismo se extinguieran o quedasen congeladas para los trabajadores del momento y las nuevas contrataciones no pudieran acogerse a las mismas, el escenario más previsible es el de la proliferación del conflicto para que tal cosa no pudiera llegar a darse y la renegociación o renovación de los convenios se convertiría en todo un “casus belli” en el ámbito de las empresas y las horas perdidas por huelgas aumentarían de forma exponencial.

¿Convenios sectoriales versus convenios de empresa? Cuestión esta que presenta mayores problemas dentro del empresariado de lo que estos dejan traslucir. Más aún que entre los sindicatos. Lo cierto es que en muchos de los sectores de actividad, la concreción en los convenios colectivos de condiciones homogéneas, especialmente las tablas salariales, asegura espacios vedados a la competencia empresarial e impide el “dumping” en las ofertas a la baja. Entre los mismos empresarios no es aceptable que, alguno de ellos, pueda competir en base a costes salariales más bajos, excusándose en problemas coyunturales de viabilidad o en el peregrino argumento de que “el que empieza deba pagar menos”.

En este apartado, el falso debate ha tenido el efecto de añadir el elemento “nacionalismo” donde no había porqué. La opción de ámbitos de negociación autonómicos con preferencia sobre los provinciales o estatales, solo debe ser decidido por la racionalidad económica y la consecución de los objetivos de seguridad en los componentes de costes de actividad, paz social, justicia y homogeneidad de las situaciones equivalentes, etc… pero nunca para la afirmación o la reivindicación de identidades u otras pretensiones del mismo estilo, que son una constante en la desvertebración que la deriva nacionalista provoca cada vez con más descaro. La abstención de CIU y PNV para facilitar la aprobación de la Ley no es ajena a estas pretensiones y tarde o temprano sabremos las contrapartidas cedidas por Zapatero a estas formaciones.

Lo cierto es que, toda la tan cacareada necesidad de reformar la negociación colectiva, es solo una ofensiva mas del decidido empeño de los poderes económicos y empresariales para aprovechar la coyuntura, larga coyuntura, de crisis económica y financiera, de cuyas causas no son ajenos, para lograr el desmantelamiento del estado de bienestar y la mayor desregulación posible del mercado laboral, alcanzando las mayores cotas de poder discrecional para el patronazgo, como ya dispuso con anterioridad a la segunda guerra mundial.

De eso se trata cuando se analizan el resto de componentes que, bajo la discusión forzada de los temas anteriores, se disimulaban: absentismo laboral, modificaciones de condiciones sustanciales de trabajo como jornadas, horarios, turnicidades, retribuciones por productividad, etc. Todos estos componentes de las condiciones/contrapartidas de trabajo, se han venido negociando sin más limitación que la voluntad de las partes (y la correlación de fuerzas) durante tres décadas, con múltiples ejemplos y variaciones en su tratamiento en miles de convenios colectivos.

Y ese es el problema para los empresarios, que no quieren negociar, que quieren imponer. Piensan que ha llegado el momento de volver a la imposición, al “ordeno y mando”, al “esta es mi casa” y “las leyes aquí las hago yo” y que sentarse a discutir con una representación legal de los trabajadores debe ser erradicado sin más.

LOS EMPRESARIOS A LO SUYO O ¿QUIEN GOBIERNA AHORA?

(publicada inicialmente el 4 de junio de 2011)

Finalmente, los empresarios de la CEOE, han boicoteado la concertación social como ya hicieran hace un año. Pese a los cambios en la cúpula directiva, especialmente al cambio de presidente, la línea dura del empresariado español, esa que no duda ni por un momento que su papel está en el “carajillo party”, la CEIM, plegada a los intereses políticos y la apuesta de futuro de Esperanza Aguirre, ha logrado el fracaso de unos acuerdos que, por si acaso resultaran útiles para superar la crisis, piensan que beneficiaban al Gobierno del PSOE. La posición de estos empresarios no se disimula de ninguna manera, cuanto peor para la situación económica, el empleo y el consumo, mejor para la oposición política, el Partido Popular, que, en su opinión, debe llegar al poder con tanta mayoría que pueda apisonar, sin resistencia, los últimos vestigios del estado de bienestar y la democracia industrial.

El empresariado español representado por la CEOE (el que no se sienta representado no cuenta) se ha quitado la careta para jugar a fondo en el tablero político, aprovechándose sin pudor de la crisis financiera y económica para provocar que cualquier resurgimiento tenga dos efectos: la eliminación a largo plazo de cualquier opción política de izquierdas que pueda importunar a su partido en el poder, el PP, y el desmantelamiento del movimiento sindical que hace de contrapeso a sus deseos de discrecionalidad absoluta y autoritarismo sin límites en las empresas. En sus cálculos, estos objetivos se hacen más asequibles si amplias capas de la población sufren, hasta sus últimas consecuencias, los efectos de la crisis, el desempleo, las bajadas de salarios, la pérdida de poder adquisitivo, la presión de las deudas crediticias, especialmente las hipotecas, sin posibilidad de acceder o renegociar nuevos créditos, la merma de servicios públicos esenciales y su privatización, etc. Este proceso de “darwinismo social” en el que los más débiles serán sacrificados, procurarán que quede asignado en la memoria colectiva a la izquierda política y sindical y, cualquier recuperación que se produzca, siempre bien controlada por sus intereses inmediatos, atribuirla a los nuevos gestores para mayor y duradera gloria del Partido Popular.

Han estado engañando a todo el país, simulando que negociaban, cuando lo que menos les importaba era regular la negociación colectiva ni ningún otro aspecto de las relaciones laborales. ¿Para que acordar, cediendo algo, cuando en breve, una mayoría absoluta incontestable legislará a su plena conveniencia, justificando sus decisiones en los mercados, las presiones europeas, las mentiras de tantos expertos a sueldo y la herencia del PSOE?

Otra cosa será que renazcan nuevos escenarios que creíamos ya superados, la conflictividad como situación cotidiana, la brecha social que fuerza al enfrentamiento, la marginalidad que promueve la alegalidad y la infracción, la violencia latente que pueda desbordarse en un momento dado. No se puede volver a esquemas de relaciones sociales, económicas y políticas anteriores a los años 50 sin que reaparezcan todos los factores característicos de aquellas sociedades. Pero ya se sabe, el empresariado español solo anhela el beneficio inmediato y fácil, su avaricia y arrogancia es en mayor medida una de las causas de esta economía, con pies de barro, que nos condena al desastre ante cualquier contratiempo.

Desgraciadamente, en el otro lado de la mesa, ese sindicato de solo dos sindicatos, ese bisindicalismo tan hegemónico, prepotente y exclusivista, esa confederación confederada de la Unión General de las Comisiones Obreras de Trabajadores (UGCCOOT), lo han hecho tan mal, han antepuesto sus compromisos políticos a las necesidades de los trabajadores, han trasladado a su ámbito el desastre del bipartidismo PPSOE, que no solo han perdido la confianza de la inmensa mayoría de los trabajadores, sino que se identifican con los motivos de decepción de los indignados, esa vanguardia encarnada en el movimiento 15M, que no duda en señalar acertadamente las responsabilidades de cada uno en la actual situación.

Cabe preguntarse en qué sentido va a actuar entonces el gobierno del PSOE. ¿Seguirá Zapatero haciendo el trabajo duro y sucio de ajuste que le imponen los mercados, quemando los últimos restos de base social de su partido? ¿Permitirá Rubalcaba que se mantenga la misma política de rendición que está a punto de hacer desaparecer al PSOE y que haría imposible que fructificase cualquier intento por su parte de remontar los resultados electorales previsibles?

Lo veremos en breve, pero la inmensa mayoría de la ciudadanía debería estar más atenta al desenlace final de una pugna nada intrascendente, cuyo resultado tendrá repercusiones profundas, duraderas y muy sensibles para todos y que puede suponer la retrocesión de los avances sociales de los últimos veinticinco años y la ruptura de una de las líneas maestras de consenso de la transición democrática, y pacífica, española.

Los resultados del 22 de mayo han tenido la virtualidad de conseguir que los diferentes actores, de la política española, actúen a partir de ese momento sin disimulos, ni ambigüedades. Tendremos el Estado de Bienestar que nos podemos permitir. Unos se lo podrán permitir mejor y otros, la inmensa mayoría, no alcanzarán a permitirse niveles de hace más de dos o tres décadas.

DES-CONTROLA COMO PUEDAS

(publicada inicialmente el 5 de diciembre de 2010)

Se acaba de abrir el espacio aéreo español, gracias a que el Gobierno ha puesto firmes, previa militarización, a los poco mas de cuatrocientos empleados públicos, que ejercen de controladores del trafico aéreo sobre nuestros cielos y limítrofes (no he oído ni un solo comentario, en los medios de comunicación, sobre los efectos del sabotaje, al trafico aéreo, en nuestro vecino Portugal) medida esta, que es la primera vez que se adopta en 32 años de democracia, que responde a la acción injustificable por la que, un pequeño grupo de profesionales, ha puesto en el filo del abismo a todo un país y creado daños económicos y personales a cientos de miles de particulares y de empresas, en los peores momentos de crisis de nuestra historia reciente.

Saltándose todas las normas legales de índole laboral y cualquier mínimo de prudencia y responsabilidad, los controladores aéreos abandonaron sus puestos de trabajo, como respuesta automática a la decisión del Consejo de Ministros de regular, por Decreto, el computo de sus horas efectivas de trabajo, para evitar que estas se pudieran considerar agotadas antes de terminar el año 2010. Los efectos inmediatos, en viernes, inicio de un puente de cinco días y principio de la época navideña, han sido devastadores y alcanzado niveles de catástrofe no solo nacional, al afectar a todos los vuelos, con destino u origen España, desde cualquier lugar del mundo. Ahora, las previsiones son que los controladores aéreos, de forma individual y personal, y su sindicato USCA, de forma corporativa, tendrán que responder de sus actos con consecuencias gravísimas, ya que además de las responsabilidades del ámbito laboral, les serán aplicadas las derivadas de lo previsto en el Código Civil respecto de daños a terceros que, en el mejor de los casos, alcanzarán reclamaciones económicas considerables y que podrían ver acumuladas sanciones penales.

La paradoja de toda esta situación es que los controladores y su sindicato se han descontrolado -y no es un chiste-. Se han descontrolado gravemente y, en principio, la responsabilidad hay que achacarla a los responsables sindicales que se supone representan y orientan al colectivo. Partiendo del hecho universalmente conocido de que las extraordinarias condiciones laborales y sus contrapartidas, de que disfrutan estos profesionales, difícilmente justifican una huelga y el papel victimario que pretenden vender a la opinión pública, sus actos deberían ser cuidadosamente medidos y planificados por los elegidos para dirigir el gremio corporativo y luchar por sus intereses. Lo primero que un sindicalista que se precia, debe tener en cuenta, es que nunca, nunca, se puede lanzar a una lucha destinada al fracaso. La organización y unidad de los trabajadores que se produce con el trabajo continuo y esforzado, de muchos años de convencimiento, se pierden en unas pocas horas por lanzarlos a una huelga mal planteada y que termina en fracaso.

¿De verdad -vista la actitud decidida del Ministerio de Fomento- pensaban que el Gobierno se arredraría ante el pulso de una huelga súbita y salvaje? Los negociadores del USCA son una autentica birria si no han sabido medir hasta donde podían tensar la cuerda y si han se han dejado desbordar por una repentina ira de sus bases, como pretenden justificar lo sucedido. Esto es el descontrol de unos dirigentes sobre sus actos, su estrategia, sus afiliados y los acontecimientos, lo que evidencia mas su papel de “capos gremiales” que de verdaderos representantes laborales.

El segundo gran error achacable a los mismos responsables, extensible a sus asesores jurídicos, es no calibrar que, vulnerada la norma respecto del correcto ejercicio del derecho de huelga, perdían todo amparo y no solo en la jurisdicción laboral, abriendo sus actos al sometimiento a la legislación general y dando oportunidad de reclamar a terceros por los daños causados. Tal circunstancia impide (si así lo habían estimado) que un acuerdo “in extremis” con el Gobierno les librase de toda consecuencia. Ahora, los viajeros, las aerolíneas, los hoteleros y comerciantes, en fin, todos los que legítimamente se consideren perjudicados, instarán los procedimientos judiciales que les interesen, sin que ningún acuerdo (por otro lado improbable) lo impida hasta su pronunciamiento.

Y el tercer y no menos grave, error, viene a demostrar hasta que punto, la burbuja de privilegio y confort en que vive esta gente, les ha desconectado de la realidad de la sociedad de la que forman parte. En un país inmerso en una gran angustia por la crisis económica, con mas de cuatro millones de parados, con decenas de miles de autónomos y pequeños empresarios sumidos en la escasez de crédito, el torbellino de los impagados y al borde del cierre y la inactividad, con familias desahuciadas de sus hogares, con una juventud sin futuro, con los ciudadanos hartos de un Gobierno incapaz y una oposición peor e irresponsable, hasta el mas lerdo hubiera previsto que concitaría el odio inmoderado, no solo de los que se vieran directamente afectados por la suspensión de vuelos. Todo el país ha visto en los controladores aéreos unos provocadores inadmisibles, sobre los que descargar la carga de frustración y rabia contenida durante los dos últimos años. ¡Que genios!

Con un cierto asombro inicial se ven comentarios -mínimos- en las redes sociales, a favor de los controladores, poco menos que equiparándolos a una vanguardia obrera que inicia la lucha contra unos gobernantes despóticos, o impulsores revolucionarios contra la injusticia y la opresión, o punta de lanza del movimiento obrero que abre camino de las conquistas sociales al resto de las clases trabajadoras. Nada mas lejos de la realidad. El corporativismo de este reducido grupo profesional, que forman los controladores aéreos, es totalmente refractario a la solidaridad de ningún tipo. Se caracteriza por lo cerrado de su clan y por la dificultad creada para formar parte de el, como elemento sustancial para su mayor bienestar y prevalencia. A las extraordinarias y generosas contrapartidas laborales se unen -como condición indispensable para que así sean- un férreo control sobre el número de componentes de la profesión, la enseñanza para acceder al desempeño de la misma y de las oposiciones para lograr entrar en tan selecto y cerrado club. No perder esa cualidad de “números clausus” está en las razones no confesadas de su postura irredenta durante tantos años ¿Como si no se puede justificar el cobro de horas extras a razón de 1.500 euros/hora y que, acumulando esas horas extraordinarias, mas de cien de ellos alcance los 600.000 euros anuales desde los 200.000 asegurados? Los extraviados que simpatizan con estos individuos forman parte del folclore, incapaz del análisis mas profundo de lo que sus uñas raspan en la superficie y que, llegado el momento, no dudan en votar a Ruíz Mateos, Laporta, la Mairena o Belén Esteban.

Pero la sospecha de descontrol también alcanza al Gobierno y al principal partido de la oposición, salvo que no haya tal descontrol y estemos ante hechos calculados, con su correspondiente grado de riesgo y/o de “maquiavelismo”, que deberán tener igualmente consecuencias políticas y de lo que los ciudadanos debieran tomar buena nota y pedir oportunas aclaraciones.

Que las cuentas sin aclarar de las horas de trabajo, de los controladores, permitían que se agotasen antes de final de año, se conocía desde hace meses y, si había que corregir tal computo ¿porque esperar a un momento cumbre como el de esta época y festividades? Y, si de un capote y cita torera se trataba, para que el USCA embistiera sin medir (como así lo ha hecho), ¿es lícito y responsable hacer recaer, sobre los sufridos viajeros y todo un país, las nefastas consecuencias de una estrategia de derrota absoluta y definitiva de los controladores? El Gobierno tiene la obligación de dar cuentas a una mas que “mosqueada” y “cabreada” ciudadanía de como se ha desembocado en tal desastre. Y esa oposición, cuya estrategia consiste en esperar que les “caiga solita la manzana” (España) aún a riesgo de que se haga trizas en el suelo y sea poco menos que irrecuperable, vuelve a actuar con la ambigüedad y relativismo que les caracteriza. Trata de que la impresión sea, como siempre, imputable a la ineptitud gubernamental y no aclara si, como apuntan algunos protagonistas, conocía de antemano las intenciones de los controladores y había mostrado algún grado de “comprensión” ante su posible actuación “descontrolada” por mor de la erosión que sufriera el Gobierno.

A estas alturas solo cabe reflexionar hasta que punto, los ciudadanos de este país llamado España, hemos perdido el control de esa soberanía que, dice la Constitución y los principios democráticos, reside en el pueblo y estamos permitiendo que los mas incapaces, ineptos, disgregadores y corruptos nos gobiernen o se apresten a gobernarnos, sin decidir de forma enérgica darles la espalda y optar por nuevas e incontaminadas alternativas democráticas.

APUNTES PARA UNA POLÍTICA SOCIO-LABORAL Y SINDICAL DEL SIGLO XXI [1ª PARTE]

(publicada inicialmente el 5 de Noviembre de 2010)

La formación por los trabajadores asalariados de organizaciones específicas, destinadas a la consecución y defensa de mejores condiciones de trabajo, -en su forma de ejecutarlo o en las contrapartidas a obtener a cambio del mismo-, así como a influir en las decisiones políticas de los gobernantes sobre materias que les son de sensible aplicación, en especial en lo referente a legislación laboral, políticas económicas y los servicios públicos sociales, esto es: la creación, desarrollo y promoción de sindicatos obreros, es un derecho singular que destaca de otros derechos similares de asociación, como pueden ser asociaciones de vecinos, de consumidores, de padres de alumnos, de juventud, etc.

La libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación(1), son los pilares fundamentales que permiten la practica de la democracia en la pluralidad y amparan todas las posibilidades asociativas que respondan a intereses colectivos legítimos diferenciados y sirven para vertebrar la participación y la influencia de los ciudadanos en la administración pública, dentro de los términos legales que lo regulen.

Pero hay dos figuras asociativas que, en el Derecho Político Constitucional, se reflejan de forma inequívoca como elementos esenciales del sistema democrático, de forma que, sin la existencia de los mismos, no se puede hablar de Democracia real, estas son: los partidos políticos(2) y los sindicatos y patronales(3). Los primeros son Instituciones de Derecho y la vía por la que los ciudadanos pueden participar activamente de la gobernación de la sociedad de la que forman parte, en los diferentes niveles competenciales del Estado, incluso en niveles supranacionales como es el caso de la Unión Europea.

Los segundos, Sindicatos y Asociaciones Empresariales, sin ser Instituciones, ven reconocido su protagonismo en el quehacer económico, el desarrollo, el progreso y la creación de riqueza, imprescindibles para el bienestar común y el avance social y, su existencia y la relación entre ambos, determina el equilibrio de intereses que permite conjugar estos de forma pacífica, evitando la confrontación y la inestabilidad social. El Derecho de Huelga, expresamente recogido en la norma constitucional (no así el cierre patronal), viene a consagrar el deseo de justo equilibrio, ya que considera que, sin el derecho de ejercicio de esta, los trabajadores, no se hallarían en igualdad objetiva de fuerzas respecto del poder económico de los empresarios.

Sobre estas premisas sustanciales ha de considerarse el papel de los agentes sociales y la valoración, que las mismas contiene, ha de orientar la relación de los partidos políticos, (en especial cuando tienen la responsabilidad de gobierno), con Sindicatos y Patronales, otorgando a ambos el papel de interlocutores privilegiados para el dialogo, intercambio de opiniones y propuestas y concertación de medidas para la elaboración de políticas económicas, laborales y sociales, dejando margen respetuoso para no interferir en la capacidad de estos, de acordar libremente el marco de relaciones colectivas e individuales, en el ámbito común capital-trabajo, complementando lo dispuesto en el derecho positivo laboral.

Superada la antigua dialéctica, entre una derecha política conservadora que negaba el derecho a existir, primero, y la libertad de funcionamiento, después, de las organizaciones obreras y la izquierda de partidos socialistas, promovidos, cuando no directamente creados por los primeros sindicatos, para lograr los cambios legislativos que les permitiesen obrar sin trabas, hoy, el dialogo social a dos bandas, o a tres cuando se incluye el gobierno, es parte fundamental de la forma de lograr avances significativos, en el progreso económico y social de democracias avanzadas y en el mas justo reparto de la riqueza generada, hasta el punto de que se va produciendo una gradual “institucionalización” de los agentes sociales, transformando su carácter primigenio de grupos de presión, al incluirlos en niveles participativos determinantes, tales como los Consejos Económico-Sociales y promover la participación directa en Órganos y Consejos de Administración de Entes, Agencias y Servicios Públicos Estatales diversos.

De los beneficios de esta implicación de Sindicatos y Patronales en las responsabilidades de toma de decisiones, que compete a los distintos escalones de gobierno (Estatal, Autonómicas y Municipales) y legislación (Congreso, Senado y Asambleas Autonómicas), así como en la gestión de múltiples servicios públicos, unida a la capacidad de llegar a acuerdos entre ellos para la regulación y solución de los problemas inherentes a la relación capital-trabajo, tenemos muestras indiscutibles en nuestra mas reciente historia, desde los cruciales Pactos de La Moncloa, para asegurar el comienzo de una difícil transición de la dictadura a la democracia, pasando por el rosario de Acuerdos(4) que han ido posibilitando, desde 1978, la mejor forma de afrontar cada coyuntura, crisis, reconversión y nuevas circunstancias, (algunas tan exigentes como la incorporación a la CEE, la adopción del EURO o la nueva organización territorial y política del Estado), a lo que se deben añadir los numerosos acuerdos para facilitar la negociación colectiva año a año, acuerdos en ámbitos autonómicos y municipales y la especial relevancia que supone el Pacto de Toledo, foro de dialogo permanente sobre jubilación y pensiones.

Un análisis detallado de los momentos cronológicos en los que la concertación social ha sido posible, nos demuestra que está ha contribuido notablemente a la paz social, al desarrollo económico, a la mejora del empleo, a la extensión de beneficios sociales, a la redistribución mas justa de la riqueza y en general a una menor crispación de la vida pública y el debate político. Por el contrario, cuando alguna de las partes ha bloqueado la posibilidad de acuerdos o el Gobierno ha intervenido para romper el equilibrio e imponer medidas fundamentadas en doctrinas o ideología de parte, el conflicto ha sumado costes y desgaste, la vida social se tensiona, los resultados de las medidas no alcanzan los niveles deseados y los objetivos se tornan inalcanzables. La última etapa de Felipe González, la segunda legislatura de Aznar y el boicoteo (a instancias del PP) de la CEOE, dirigida por Díaz-Ferrán, al mas reciente intento de dialogo, son buenas muestras de lo pernicioso de la falta de consenso socio-laboral. La crisis de la concertación social, de la concepción de la norma laboral como expresión de un consenso social básico, alcanzado por el poder público con las organizaciones de representación de trabajadores y empresarios, demuestra una preocupante descomposición, existente en este momento histórico, de determinados valores y principios políticos predicables del orden civil democrático.

Recuperar y estimular la concertación social y el respeto por la autonomía de los agentes sociales para llegar a acuerdos, ayudará a encontrar la salida a la actual crisis económica, superará la crispación del debate político y la confrontación social y avanzará en la regeneración democrática del Estado Social y Democrático de Derecho fruto del consenso constitucional.

1.- ONU.- Declaración Universal Derechos Humanos, art. 19 y 20 y Constitución Española de 1978, art. 20, 21 y 22

2.- ONU.- Declaración Universal Derechos Humanos, art. 21 y Constitución Española de 1978, art. 5 y 23

3.- ONU.- Declaración Universal Derechos Humanos, art. 23 y Constitución Española de 1978, art. 6 y 28

4.- Acuerdo Básico Interprofesional, ABI, 10-6-79; Acuerdo Marco Interconfederal, AMI, 14-01-80 y 03-02-81; Acuerdo Nacional de Empleo, ANE, 09-06-81; Acuerdo Interconfederal, AI, 15-02-83; Acuerdo Económico y Social, AES, 10-10-84; Acuerdo Interconfederal en materia de Ordenanzas y Reglamentaciones de Trabajo, AIOR, 11-1994; Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo, AIEE, Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva, AINC y Acuerdo sobre Cobertura de Vacíos, AICV, todos de 28-04-97; Acuerdo sobre trabajo a tiempo parcial, 13-11-98

APUNTES PARA UNA POLÍTICA SOCIO-LABORAL Y SINDICAL DEL SIGLO XXI [2ª PARTE]

(publicada inicialmente el 5 de Noviembre de 2010)

Si la concertación social es clave en democracia para hallar las respuestas y afrontar los cambios, que la coyuntura socio-económica precisa, no lo es menos para poder llevar a cabo las transformaciones estructurales que aseguren la mejor adaptación a unas relaciones mundiales globalizadas, donde la división del trabajo entre economías desarrolladas, países emergentes y tercer mundo sufre rapidísimas variaciones y la interrelación entre todas las zonas del planeta hace imposible la decisión autónoma de los gobiernos y los modelos autárquicos. Por ello, en un modelo de regeneración democrática e impulso de la participación y mayor implicación de los ciudadanos en la política, habrá que promover al máximo el dialogo entre los agentes sociales, bien en las entidades en las que tienen presencia permanente (por ejemplo los Consejos Económicos y Sociales) como en relaciones directas entre estos y procurando la aportación de sus acuerdos y conclusiones a la labor ejecutiva (gobiernos) como a la legislativa (Parlamento y Asambleas Autonómicas), para su toma en consideración y enriquecimiento de las tareas que les son propias a estas instituciones. En la medida de lo necesario, la participación del/los gobierno/s en el proceso de dialogo y concertación, deberá hacerse con plenitud y buscando siempre el acercamiento y el éxito de las conversaciones, traduciéndose estas en acuerdos.

Pero la percepción que la ciudadanía tenga de esta política de concertación y dialogo social debe ser la de confiar en su eficacia y en que los interlocutores buscan realmente el bien común y la solución de problemas colectivos, por encima de sus conveniencias de grupo. Fundamentalmente este requisito se concreta en que las organizaciones sean ampliamente representativas de sus correspondientes estamentos sociales, democráticas en su funcionamiento, independientes en sus objetivos y autónomas en sus decisiones.

La representación de los empresarios debe atender, de forma claramente diferenciada, la distinción entre las grandes empresas nacionales o supranacionales y la pequeña y mediana empresa, así como su implantación territorial y la especialización de sus actividades dentro de los tres sectores tradicionales. No debiendo admitir la monopolización de hecho, de estos, en solo una, o muy pocas, organizaciones patronales. Así mismo es necesaria la incorporación de organizaciones de trabajadores autónomos y profesionales por cuenta propia, que deberán cumplir, obviamente, los requisitos antes enunciados.

Pero es la revisión del modelo sindical lo que se hace mas necesario y ello en base a tres motivos fundamentales. Uno es que el modelo actual es reflejo de una época y circunstancias determinadas: la transición. Otro es el segmento de población teóricamente representado: los asalariados con sus circunstancias familiares indisociables, lo que supone mas del 90% de la totalidad de la población del país. Y, por último, el hecho conocido de la escasa valoración de la labor sindical y que las organizaciones de trabajadores aparezcan en los puestos de menor, o peor, valoración, de la opinión pública, de forma sistemática.

El modelo sindical en España se mantiene inalterable desde la transición, sin que durante estos treinta años haya tenido modificaciones significativas ni se haya adaptado a los tiempos y los cambios que ello conlleva y, al referirnos al modelo, hablamos en esencia de la actividad dentro de la empresa, como se instrumenta, quién la ejerce, que la inspira y como vertebra la influencia de los trabajadores mas allá de su muros en el sector de competencia y actividad. Dicho modelo está muy marcado por la tradición de lucha política contra la dictadura y las practicas de la clandestinidad, así como del enfrentamiento entre dos formas distintas de entender la organización y la practica sindical, las de las Comisiones Obreras, CC.OO., versus las de la Unión General de Trabajadores, U.G.T. El decisivo apoyo del P.C. y por extensión de las CC.OO. a los Pactos de La Moncloa y al proceso de reformas de Adolfo Suarez, hicieron prevalecer una concepción “unitarista” de la labor sindical bajo la excusa de evitar el fraccionamiento de la clase trabajadora, que llevo incluso a la oportunidad de heredar toda la infraestructura de los sindicatos franquistas -”... con los ascensores en marcha...”- para una sola organización, aunque plural. La decidida oposición de la U.G.T que alcanzó un pacto con la representación empresarial, la C.E.O.E., y el respaldo incondicional del P.S.O.E. a este acuerdo, (Acuerdo Básico Interconfederal, ABI, 10-7-1979), forzaron finalmente un equilibrio de intereses, que se plasmó en la Ley 8/1980 de Estatuto de los Trabajadores, ET, donde se reconocía una doble figura para la representación y la acción sindical, los Comités de Empresa (Delegados de Personal en las de menos de 50 trabajadores) y las Secciones Sindicales en las empresas. Posteriormente, ya con el P.S.O.E. en el poder, se legisló la Ley Orgánica 8/1985 de Libertad Sindical, LOLS, que pretendía desarrollar la parte del modelo mas sensible para la U.G.T.

A pesar del tiempo transcurrido, esa doble figura para la acción sindical, Comités y Secciones sindicales, sigue siendo fuente de conflicto y desorientación y ha generado una práctica perversa consistente en tratar de controlar el órgano unitario (comité de empresa), o los representantes unitarios (delegados de personal), para “vender” a los trabajadores una determinada opción sindical, por contra, las opciones minoritarias se ven tentadas a tratar de hacer fracasar esa opción dominante, boicoteando la labor del comité y/o delegados. Son demasiadas las ocasiones en que los interlocutores empresariales asisten a la pugna entre secciones y comités por protagonizar la negociación, siendo exigidos, al tiempo, a tomar postura en algo que ciertamente no les compete, y temiendo el fracaso del dialogo y la imposibilidad de acuerdo. Esta doble figura es uno de los elementos necesarios de reforma y clarificación, lo que supone también cambios en el sistema de elecciones sindicales, con el objetivo de simplificar la determinación de la representatividad sindical y hacer esta mas plural y abierta a la diversidad del mundo laboral.

Porque ese modelo sindical, además, establece una función universal de los sindicatos en cuanto al efecto de sus cometidos. Salvo por los servicios que directamente prestan a sus afiliados, lo que hacen es de aplicación al conjunto de los trabajadores concernidos, tanto si les gusta a estos como si no, y no hay distinción entre afiliados y no afiliados a la hora de ser afectados/beneficiados por lo conseguido, como por ejemplo ocurre con la negociación colectiva. Este servicio universalizado presenta diversas incongruencias a corregir: solo los afiliados contribuyen al sostenimiento y actividad sindical, pero no reciben un trato diferenciado; los no afiliados no aportan esfuerzo económico en contrapartida a lo que reciben; tampoco participan de la toma de decisiones orgánicas que finalmente se imponen a las decisiones de asambleas generales; la burocracia sindical ajena a la empresa es determinante en la controversia sobre las medidas que se adoptan en el ámbito de la misma; las secciones sindicales carentes de personalidad jurídica propia (por imposición de la LOLS), no pueden oponerse a sus Federaciones o Confederaciones Sindicales, ni tampoco constituirse en Sindicatos de Empresa libremente adheridos a organizaciones supra-empresariales; la capacidad legal de Comités de Empresa y Delegados de Personal para desvincularse o adherirse a acuerdos de las grandes Confederaciones se impide regularmente.

La situación actual, generada por lo anterior, es que solo dos organizaciones sindicales, CC.OO. Y U.G.T., determinan con su participación en los foros correspondientes, la totalidad de las decisiones que afectan al conjunto de los asalariados (en la Función Pública no se puede excluir la participación de CSI-CSIF), pero lo paradójico es que ambas, juntas, no llegan a afiliar al 20% de los trabajadores asalariados. Con tan escasa integración ¿Por qué monopolizan en la práctica el dialogo social y la concertación? ¿Como es que decenas de miles de otros sindicatos legalizados y registrados ante la autoridad laboral, no cuentan para nada? ¿Como se comprueba la aquiescencia del mas del 80% de trabajadores no afiliados a CC.OO. y U.G.T. a sus actuaciones? Lo cierto es que se da, en la práctica, un monopolio a dos de la acción sindical representativa sin que haya mecanismos efectivos para que los trabajadores se pronuncien sobre la misma y si es la afiliación, la muestra de conformidad, esta es indiscutiblemente baja. Una consecuencia agregada es la necesidad de financiación extra-cuotas de los sindicatos, su escasa afiliación no les cubre una actividad extendida al conjunto de los asalariados y justifica la existencia de subvenciones públicas de todo tipo y con mayor o menor grado de transparencia y equidad, lo que alimenta a su vez la sospecha de dependencia económica y pone en entredicho su independencia y autonomía, ya debilitadas por la marcada correlación política entre los cuadros medios y dirigentes sindicales con opciones políticas concretas.

Solucionar las carencias democráticas de unas organizaciones cerradas y jerarquizadas, estimular la participación y afiliación sindical, asegurar la autonomía y prevalencia de la organización de base frente a la super-estructura, simplificar las elecciones sindicales y ampliar el espectro social representado, dotar de mas pluralidad a la concertación y el dialogo social, dar garantías al afiliado individual dentro del sindicato, son los aspectos esenciales a tener en cuenta para un nuevo modelo de sindicalismo, mas acorde con el siglo XXI, las nuevas exigencias de una economía globalizada, las circunstancias socio-económicas-culturales de una clase asalariada muy lejana del proletariado del finales del siglo XIX, primeros del XX y del empeño de regeneración y profundización del sistema de libertades que constituye la democracia.

¿ALFONSO GRILLO O PEPITO GUERRA? LA UGT COMO REHEN. ESTE SINDICALISMO HAY QUE CAMBIARLO.

(publicada inicialmente el 12 de septiembre de 2010)

Pues si, ZP no asistió a Rodiezno este 2010, ocupado como estaba en cambiar rápidamente de principios para poder afirmar, impasible el ademan, que el no faltaba a esos/sus/variables principios al imponer la contra-reforma laboral. “Consumatun es” la agresión a los trabajadores con medidas que no solucionan nada, no satisfacen “a tirios ni a troyanos” y que han permitido ver un PSOE sin ningún apoyo parlamentario a su descabellada prepotencia.

 Pero como quien no quiere la cosa, la estrella del evento obrero ha resultado ser Alfonso Guerra. ¿Para expresar su disconformidad con la política del gobierno y apoyar la huelga general? ¡NO! El veterano “trilero” de la política acudió a proclamar “a voz en grito” que el problema es el PP, esa derechona de toda la vida que chupa la sangre de los currantes y a la que nunca, nunca, nunca... hay que votar, si se es un obrero de raza e izquierda como hay que ser.

 La manipulación no puede ser mas burda. El golpe lo descarga el PSOE pero eso no es nada con la paliza que están dispuestos a darnos los del PP. Y Méndez (pañuelito rojo al cuello) allí, al lado de Guerra Grillo (pañuelito rojo también), dejando hacer su labor de zapa (entonces... ¿hacemos una huelga que perjudica al PSOE y beneficia al PP?) y ofreciendo, otra vez más, la lastimosa imagen del ser el obrero de atrezzo del PSOE.

 La imagen es diáfana y muestra, en toda su crudeza, la falta de independencia y la supeditación de la UGT al PSOE. Si el descontento social no se puede parar y las propias bases sindicales reclaman una actuación contundente, pues se convoca una huelga general. Eso si, sin convicción, tarde y sin acompañarla del discurso mas duro y ejemplar, el que debería pedir la dimisión de Zapatero y declarar al PSOE como un partido mas, gestor de los intereses de los poderosos y que no debe recibir los votos de los trabajadores y sus familias. El discurso que si han hecho, a gritos, esos mas de quince mil representantes de trabajadores en Vista Alegre, pidiendo la dimisión de ZP y dejando en evidencia a los secretarios generales de ambas confederaciones, UGT y CCOO. Pero en Rodiezno han llevado a Guerra Grillo a convencernos, que mas vale lo malo conocido que atreverse a ser honestos e independientes y mostrar a los trabajadores que hay otras alternativas, que no pasan por el PSOE, ni por el PP, ni por los nacionalismos “alquilavotos”.

 La UGT no se entera que tener historia no supone actuar como si el tiempo no pasara y que ya no funciona “la familia socialista”, porque el Partido ya no es el que era, ni socialista, ni obrero. Las CC.OO. saben que el PC hace tiempo que dejó de ser una opción posible y una referencia ideológica real, pero no saben como desprenderse de su sindicalismo de “nuevo-cuño-movimiento-socio-económico-político-unicoantifranquista” (nunca lo ha sido) y que parezca que ya no son los mas izquierdistas. Y ambas centrales sindicales, infiltradas por militantes del PSOE que hacen su carrera al cargo controlándolas, burocratizadas y carentes de una verdadera democracia interna que permita el control de los afiliados, van camino de comprobar la falta de credibilidad que tienen entre los trabajadores y, de paso, causar un grave daño al movimiento obrero organizado.

 Los sondeos dicen que el 73% de los trabajadores no irán a la huelga el 29S, aunque una mayoría considera justos los motivos para convocarla. Los convocantes deberían saber leer esta actitud tan mayoritaria y escuchar, por una vez, a sus bases. Esos miles de trabajadores que en los tajos, fabricas, comercios y oficinas se esfuerzan en representar a sus compañeros a cambio de nada, lo dicen claro: ZAPATERO DIMISIÓN.

ZP NUNCA DEBIÓ IR A RODIEZNO... NI SER INVITADO.

(publicada inicialmente el 1 de Septiembre de 2010)

Este año Zapatero no acudirá al evento sindicalista que, todos los Setiembres, se celebra en la localidad minera de Rodiezno. El secretario general de la UGT lanzó los suficientes mensajes, como para para que ZP comprendiera que, convocada una huelga general para finales del mismo mes, debido a la contra-reforma laboral de su Gobierno, no sería congruente que hiciera acto de presencia, en el mitin de Rodiezno, como si nada. (No deja de resultar curioso que, dirigentes del SOMA-UGT, en las mismas fechas, declararan que ZP siempre seria bien recibido como cualquier afiliado a la UGT en su acto, pero las incoherencias entre esta organización de la minería “ugetista” y el conjunto del sindicato son ya históricas. Aunque esa... es otra historia).

La realidad manda. Las medidas adoptadas por el Gobierno del PSOE y aceptadas sin criticas por el partido demuestran que todas las promesas y compromisos de índole social y laboral que Zapatero ha empleado en su cortejo a Méndez eran palabras vacías y sin firmeza ante las presiones e intereses de los grandes grupos económicos, financieros y empresariales y, ya puestos a romper promesas, la contra-reforma seguirá y afectará a pensiones, prestaciones sanitarias, ayudas a la dependencia y mas políticas sociales. El PSOE, después de esta, no volverá a ser nunca mas un partido obrero (aunque lo reclamarán, seguro. ¿Acaso no se atreve a hacerlo el PP con la mayor desvergüenza? Pero José Luis Rodríguez Zapatero no debió asistir nunca a un acto sindical en Rodiezno, si lo que ese acto evidenciaba era la falta de independencia de un sindicalismo, que sigue sin saber cual es su papel en un país democrático del siglo XXI.

Para empezar, hoy no se puede seguir hablando de la “familia socialista”, refiriéndose a la acción común y coordinada de PSOE, UGT y JJSS que caracterizaron los momentos mas fuertes del movimiento obrero en España y el fin del anciano régimen, a caballo de los siglos XIX y XX. El fin, entonces, era LA REVOLUCIÓN y acabar con un sistema de explotación y caciquismo brutales. Hoy, de la supervivencia del ESTADO DEL BIENESTAR se trata y, paradojicamente, el pseudo-socialismo del tipo “tercera vía” es el mayor responsable del desmantelamiento de este, escudándose en una pretendida autoridad moral, de la que no se atreve a hacer uso la derecha.

Igualmente, la “tercerización” de la economía española, con un peso cada vez mayor de los servicios y la aplicación masiva de las nuevas tecnologías, ha cambiado sustancialmente la composición social de la clase obrera. Ya no predomina el trabajador hombre, mayor de cuarenta años, trabajador de la industria manufacturera y preferiblemente del metal. Las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, la atomización de las grandes concentraciones de mano de obra, tanto geográfica como empresarialmente en contratas y subcontratas, el predominio de los servicios, la capacidad de ahorro o de endeudamiento de las familias, las necesidades complementarias o de ocio una vez cubiertas las fundamentales, etc... Todo esta realidad no puede ser afrontada con organizaciones sindicales que mantienen estructuras organizativas de hace mas de un siglo, con métodos de lucha basados en la fuerza del numero de obreros que se movilizan en un momento dado y con ataduras ideológicas falsas, que otros usan para convertirlas en correas de transmisión y dependencia. Bajo la amenaza de que “viene la derecha”, la etapa de Zapatero ha convertido las centrales sindicales UGT y CCOO en guardaespaldas de la gobernación socialista, a cambio de promesas y demagogia profusamente publicitadas y que no preveían -¿para que?- la posibilidad de una crisis económica y, ahora, rotas las promesas y reformado el PSOE en gestor del capitalismo financiero, los sindicatos burlados convocan una huelga general sin poder evitar parecer, a ojos de todo el país, como los novios despechados y faltos de credibilidad, seriedad y fuerza evidentes.

Durante seis años se renunció a ser críticos, exigentes, responsables para lograr los cambios estructurales e industriales necesarios para España, A forzar la adopción de una política fiscal mas justa y redistributiva. A conquistar avances mas fuertes y convergentes con las prestaciones sociales de la media europea. A superar los atrasos históricos en educación, en derechos de los consumidores, en separación iglesia-estado, en sanidad y dependencia reales en todo el estado y no solo en algunas autonomías. Durante seis años se ha compartido, pañuelito rojo al cuello, apariciones, mitines y convocatorias, como obreros de “atrezzo” del decorado propagandístico socialista. Y, aunque algunos lo nieguen, el control del PSOE tomando con sus fieles los puestos de responsabilidad de la UGT y en menor medida, pero importante, de CCOO, ha sido imparable desde el 14D histórico; para ello solo hay que repasar el pasado -muy reciente- sindical, de gran numero de concejales, diputados autonómicos y nacionales y muchos altos cargos de la administración socialista.

Supeditar los intereses de los trabajadores y los objetivos de sus organizaciones al triunfo de una determinada opción política, por muy afín que se considere, es un error político de gran calado pero, dejar de ser independiente y autónomo en el análisis y las decisiones, es convertirse en ineficaz y traicionar los derechos de los que se representa. Las grandes centrales sindicales en este país son, hoy, super-estructuras fuertemente jerarquizadas, controladas ideológicamente y representadas por muy pocos, que toman decisiones y establecen acuerdos en nombre de la totalidad de los trabajadores, guiándose por sus conveniencias y compromisos políticos La falta de democracia interna es escandalosa pese a la apariencia formal de su funcionamiento participativo y, allí donde reside la fuerza y el numero de los afiliados, en las empresas, las secciones sindicales, impedidas de obtener personalidad jurídica propia y decidir libremente su adhesión a las estructuras federales o confederales supra-empresariales, son simples viveros de cuotas que no cuentan a la hora de definir la linea del sindicato.

En 1977 se abolió la cuota sindical obligatoria de los “verticatos franquistas” y comenzó la transición laboral y social de los españoles, sin la que nunca se hubiera podido llevar a efecto la transición política y, en pocos años, de 1978 a 1984, se sentaron las bases del modelo sindical español (al menos, afortunadamente, ha evitado la fragmentación insolidaria e ineficaz de los nacionalismos políticos). Hace tiempo que este modelo precisa de una reforma y adaptación al siglo XXI, que logre su eficacia y encaje en los nuevos modelos económicos; en la conciliación de derechos de trabajadores y ciudadanos; que estimulen la participación e integración del mayor número de trabajadores; que garantice la democracia interna y los derechos desde la simple condición de afiliado y el control real de los representantes; que promueva la institucionalidad del sindicalismo y la co-responsabilidad en el progreso y el desarrollo de todos.

No faltan voces que claman, o anuncian, la desaparición de los sindicatos. Solo desde la mala fe o el desconocimiento absoluto de la historia, la economía y la política se puede defender tal cosa. Frente al poder del capital que siguen detentando las grandes corporaciones y oligopolios, multinacionales o no, y la tentación de cualquiera que se sienta el amo de su empresa, sea esta grande o pequeña, de someter a su capricho a aquellos que dependen del sueldo que les paga, la necesidad de organizarse en sindicatos es ineludible para sobrevivir. Promover las organizaciones sindicales a los nuevos tiempos también es obligación de quienes tengan la obligación de gobernar, pero lo cierto es que ni PSOE ni PP consideran, ni han considerado, necesario este empeño. Para unos sigue valiendo la política de la correa de transmisión y, para los otros, la vida seria mas fácil sin organizaciones fuertes y organizadas que son, en definitiva, la punta de lanza de la sociedad civil que ellos corrompen.