EL CONSEJO ESTATAL DE MEDIOS AUDIOVISUALES, OTRA VICTIMA EN NOMBRE DEL FALSO LIBERALISMO.

Desde que en febrero de 2005, el informe del Consejo de Expertos para la Reforma de RTVE propusiera la creación de una autoridad nacional sobre el sector audiovisual y apuntara los criterios esenciales para determinar sus funciones y composición, la falta de iniciativa del gobierno socialista y la oposición de grupos de presión con intereses corporativos o económicos, han impedido que se pusiera en práctica esa recomendación. Han pasado cinco años para debatir y aprobar la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual y un año más sin que este órgano supervisor sea aún una realidad.

Ahora, al tratar el Gobierno de iniciar el procedimiento de constitución del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, vuelven las presiones en contra desde posiciones ideológicas concretas y estamentos con intereses particulares al respecto. Así, ciertos sectores de la profesión periodística avisan del peligro de un sistema de censura sobre los medios audiovisuales, los empresarios que implementan los intereses económicos de los operadores privados reclaman, en nombre de la libertad de empresa, la ausencia total de cualquier regulación externa a las propias entidades empresariales, los partidos políticos nacionalistas, que si han constituido órganos de control propios en su ámbito territorial, se oponen a cualquier competencia de alcance para todo el territorio español y el Partido Popular alza la  bandera de un presunto liberalismo, en connivencia con los grupos mediáticos particulares más influyentes, para tildar de intervencionista y agente censurador al proyectado Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, hasta el punto de afirmar, categóricamente, que lo suprimirá en cuanto que constituya el, que ya da por seguro, su próximo gobierno de España.

LA REFORMA LABORAL 2: TABLAS AMAÑADAS

Se acaba de producir la votación de la propuesta del Gobierno que reforma, una vez más, la legislación laboral, con recorte de derechos de los trabajadores, disminución de costes de despido, más fácil además, para los empresarios, aumento de las potestades discrecionales de estos y reforzamiento del monopolio sindical que detentan UGT y CCOO en un a modo de compensación postrera.

Con este acto, el gobierno desahuciado del PSOE insiste en seguir haciendo el trabajo sucio que el capitalismo le demanda, dejando tras de sí la tierra quemada que prueba su absoluta incapacidad de decidir autónomamente de sus servidumbres, las políticas con los nacionalismos de siempre y las fácticas con los grandes grupos económicos y financieros.

La partida acaba en tablas, según pretende hacernos creer el gobierno, pero es evidente que todo se ha amañado para llegar a este resultado, con la vana pretensión de que la resultante sea una victoria política de aplicaciones varias: para ZP, sacar pecho ante Europa-Merkel y seguir presumiendo de que logra cumplir sus compromisos; para el PSOE y el candidato Rubalcaba, ganar tiempo, procurando “no pisar demasiados callos” y seguir esperando un milagro de cara a las próximas elecciones.

LOS EMPRESARIOS A LO SUYO O ¿QUIEN GOBIERNA AHORA?

Finalmente, los empresarios de la CEOE, han boicoteado la concertación social como ya hicieran hace un año. Pese a los cambios en la cúpula directiva, especialmente al cambio de presidente, la línea dura del empresariado español, esa que no duda ni por un momento que su papel está en el “carajillo party”, la CEIM, plegada a los intereses políticos y la apuesta de futuro de Esperanza Aguirre, ha logrado el fracaso de unos acuerdos que, por si acaso resultaran útiles para superar la crisis, piensan que beneficiaban al Gobierno del PSOE. La posición de estos empresarios no se disimula de ninguna manera, cuanto peor para la situación económica, el empleo y el consumo, mejor para la oposición política, el Partido Popular, que, en su opinión, debe llegar al poder con tanta mayoría que pueda apisonar, sin resistencia, los últimos vestigios del estado de bienestar y la democracia industrial.

El empresariado español representado por la CEOE (el que no se sienta representado no cuenta) se ha quitado la careta para jugar a fondo en el tablero político, aprovechándose sin pudor de la crisis financiera y económica para provocar que cualquier resurgimiento tenga dos efectos: la eliminación a largo plazo de cualquier opción política de izquierdas que pueda importunar a su partido en el poder, el PP, y el desmantelamiento del movimiento sindical que hace de contrapeso a sus deseos de discrecionalidad absoluta y autoritarismo sin límites en las empresas. En sus cálculos, estos objetivos se hacen más asequibles si amplias capas de la población sufren, hasta sus últimas consecuencias, los efectos de la crisis, el desempleo, las bajadas de salarios, la pérdida de poder adquisitivo, la presión de las deudas crediticias, especialmente las hipotecas, sin posibilidad de acceder o renegociar nuevos créditos, la merma de servicios públicos esenciales y su privatización, etc. Este proceso de “darwinismo social” en el que los más débiles serán sacrificados, procurarán que quede asignado en la memoria colectiva a la izquierda política y sindical y, cualquier recuperación que se produzca, siempre bien controlada por sus intereses inmediatos, atribuirla a los nuevos gestores para mayor y duradera gloria del Partido Popular.