A PROPÓSITO DE RTVE: ¡ES LA VERGÜENZA, ESTÚPIDO!

Vergüenza que, al parecer, solo tiene el Consejero nombrado a propuesta de CCOO y que, en consecuencia con lo vergonzoso de lo acaecido, ha presentado su dimisión fulminante.

No voy a tratar de la decisión tomada por el Consejo de Administración de la Corporación RTVE, ni de sus posibles consecuencias para las libertades democráticas y en especial la de opinión e información, ni de la reacción furibunda y multitudinaria provocada y la irremediable marcha atrás en el despropósito pretendido. En apenas 24 horas el proceso de acción-reacción se ha consumado y opiniones a miles, - no he conocido ninguna a favor – han mostrado la todavía capacidad de movilización e indignación contra los tics totalitarios que, aún hoy, nos amenazan. Sintiéndome movilizado e indignado como el que mas, no creo necesario insistir en lo que, con mejor retorica y más rigurosos argumentos, han expresado ya muchos. Mi reflexión quiero que trate sobre las instituciones y órganos de control de los poderes públicos y/o de aquellos servicios esenciales para el correcto funcionamiento de la democracia y de la responsabilidad política que los partidos y sus representantes no terminan de asumir y pretenden sistemáticamente eludir.

Y es que entre el marasmo de opiniones, denuncias y alternativas que se han generado, son reiteradas y multitudinarias las que acuden a pedir “profesionales”, para la composición del máximo órgano rector de RTVE, frente a una supuesta extracción “política” de los actuales miembros, como si esa fuera la, tan simple, solución requerida.

Sin embargo, los requisitos, exigencias y normativa que afectan al Consejo de Administración de la Corporación Estatal de la RTVE, contenidos en la ley LEY 17/2006, de 5 de junio, deberían ser más que suficientes y cualificados para que el funcionamiento de “la cosa” no diese lugar a situaciones como la sufrida y que en la exposición de motivos asegura:

“Su gestión corresponde a un Consejo de Administración integrado por doce miembros de designación parlamentaria: cuatro por el Senado y ocho por el Congreso, de los cuales dos serán propuestos por las centrales sindicales más representativas a nivel estatal y con representación en la Corporación y en sus sociedades. Los miembros del Consejo de Administración deberán contar con suficiente cualificación y experiencia para un desempeño profesional de sus responsabilidades; su mandato será de seis anos, salvo en su primera formación, con renovaciones trienales por mitades; quedan sometidos al régimen mercantil, con determinadas especialidades que detalla la presente Ley; y a reglas especiales de responsabilidad, comprendida la posibilidad del cese del Consejo en caso de gestión económica gravemente perjudicial para la Corporación.

Asimismo el Congreso, de entre los consejeros designados, designará al Presidente de la Corporación y del Consejo de Administración, el cual desempeñará la dirección ejecutiva ordinaria de la misma, actuando conforme a los criterios, objetivos generales o instrucciones que establezca el referido Consejo.”

todo lo cual viene precisamente detallado en la sección I de la ley, artículos 10 a 18 incluidos.

Tuve una participación muy activa en las discusiones sobre esta ley, anteriores a su proceso parlamentario, incluso algo tuve que ver en aquel procedimiento previo que supuso el Informe de la Comisión de Expertos convocada por el Presidente del Gobierno (comisión de sabios) y esta parte era una de las más delicadas y exigentes del proyecto y se consideró de forma amplísima el derecho comparado y las experiencias de modelos más consolidados y de prestigio en el ámbito común europeo, como la inevitable BBC. Todavía hoy, repasando la Ley, no se me ocurren más que redundancias y reiteraciones que no harían más eficaz, pero si más farragoso, el citado texto legal.

Veamos: los miembros del Consejo son elegidos por el Congreso (ocho) y por el Senado (cuatro) tras una comparecencia personal ante una comisión parlamentaria expresa, donde son entrevistados y evaluados en su idoneidad, cualificación y experiencia. Los candidatos son propuestos por los partidos políticos, excepto dos que son propuestos por los sindicatos mayoritarios con presencia en RTVE y los elegidos los serán con, al menos, dos tercios de los votos de la cámara correspondiente. En la realidad, lo exigido en este apartado, ha resultado de la siguiente manera: de los once miembros designados (el Presidente hace el número doce) solo cuatro eran profesionales de amplia y destacada trayectoria en RTVE, de los once solo cinco habían desempeñado cometidos profesionales en el ámbito de empresas de información o comunicación escrita o audiovisual, el resto no conocían para nada RTVE ni tenían experiencia en el sector de la información y la comunicación audiovisual, contándose entre estos un director-productor cinematográfico con incursiones en el cine porno incluidas, una doctora en derecho eclesiástico, un funcionario de La Moncloa y un veterano sindicalista sin acomodo. Pero, para asegurar la mayoría de dos tercios, tiene que funcionar el “yo te voto si tú me votas” y el nivel de exigencia se relaja ostensiblemente.

Cabe señalar que la inclusión de dos miembros a propuesta de los sindicatos obedecía a una reivindicación de los propios empleados de RTVE, para ser corresponsables y participar de la gestión de la empresa pública en la que ejercen sus cometidos profesionales. Conseguido lo cual, las confederaciones de UGT y CCOO consideraron más conveniente designar personas ajenas a RTVE, despreciando e ignorando a sus propios afiliados y desoyendo la demanda de los trabajadores.

Tanto la designación por una mayoría cualificada de dos tercios de la cámara, como un hipotético cese también por una decisión mayoritaria de dos tercios, como el hecho de tener un único mandato de seis años irrepetible, renovación del Consejo por mitades y asimétrico del mandato parlamentario (de tan solo cuatro años), se suponía que reforzaba la independencia de los consejeros respecto de sus proponedores y les permitiría actuar con sujeción a su mejor criterio, conocimientos y discrecionalidad. Pero este es el país en el que las leyes son incumplidas incluso por quien las promulga y el poder legislativo se ha mostrado incapaz de proceder, en tiempo y forma, a la renovación en 2009 de la mitad del Consejo dando entrada a seis nuevos miembros, de resultas de lo cual se mantiene aún la composición inicial y el disfrute de unas excelentes prebendas por parte de quienes no desean dar motivo alguno por acelerar su sustitución en canonjía tan suculenta.

Pero además, las competencias y funciones que se detallan para el Consejo se refieren, de forma concreta y expresa, a las que comprenden tareas de administración y gestión en lo económico, financiero y más eficiencia productiva, con el propósito de asegurar los objetivos y fines de servicio público fundamental encomendados a la Corporación audiovisual. No se puede entender, a la luz de esas competencias, que el Consejo pueda interferir en aspectos tales como la libertad de expresión o de creación, ni mediatizar los contenidos de todo tipo de los medios televisión y radio que operan en RTVE, máxime cuando existe una Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE que es la que, realmente, puede ejercer el papel de supervisión política de un medio público tan relevante y transcendente y cabe añadir que, ante la celebración de unas elecciones, se acumula al aparato de control institucional la acción de la Junta Electoral en forma específica.

Por último añadir la situación irregular en que se encuentra RTVE, sin la figura de un Presidente con las plenas facultades inherentes al cargo y que ha propiciado lo que a todas luces es un exceso intervencionista en la labor informativa. Anomalía que se apunta también en el “DEBE” de la irresponsabilidad política de PSOE y PP, para hacer funcionar correctamente las instituciones.

Porque lo que aquí se describe sobre RTVE es aplicable en mayor o menor medida a otras instituciones u órganos esenciales del Estado, como el CGPJ, el Tribunal Constitucional, La CNMT o el nonato  Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, por no hablar de ineficiencias, parálisis burocráticas o mediatizaciones políticas sobre Tribunal Supremo, Tribunales de Cuentas, Intervenciones y Auditorias, etc., atribuible todo al bipartidismo imperante PPSOE.

En definitiva el problema es el de la vergüenza, mejor dicho, el de la falta de vergüenza para asumir responsabilidades y dimitir o cesar a los responsables, La inacción que promueve la ineptitud, la mala fe, la corrupción… por impunidad. Esa vergüenza de nuestros mayores que obligaba a las personas a asumir la responsabilidad de sus actos e irse empujados por sus propios errores. La misma vergüenza que obligaba a partidos y organizaciones a cesar fulminantemente a sus miembros, si incurrían en esos errores y tomar medidas que evitaran la repetición de los mismos. Vergüenza que es la necesidad de regenerar la sociedad, priorizar la escala de valores de la honradez, la dignidad, la justicia, el servicio, la transparencia, la verdad, todos ellos componentes de la necesaria REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA de ESPAÑA.