DES-CONTROLA COMO PUEDAS

Se acaba de abrir el espacio aéreo español, gracias a que el Gobierno ha puesto firmes, previa militarización, a los poco mas de cuatrocientos empleados públicos, que ejercen de controladores del trafico aéreo sobre nuestros cielos y limítrofes (no he oído ni un solo comentario, en los medios de comunicación, sobre los efectos del sabotaje, al trafico aéreo, en nuestro vecino Portugal) medida esta, que es la primera vez que se adopta en 32 años de democracia, que responde a la acción injustificable por la que, un pequeño grupo de profesionales, ha puesto en el filo del abismo a todo un país y creado daños económicos y personales a cientos de miles de particulares y de empresas, en los peores momentos de crisis de nuestra historia reciente.

Saltándose todas las normas legales de índole laboral y cualquier mínimo de prudencia y responsabilidad, los controladores aéreos abandonaron sus puestos de trabajo, como respuesta automática a la decisión del Consejo de Ministros de regular, por Decreto, el computo de sus horas efectivas de trabajo, para evitar que estas se pudieran considerar agotadas antes de terminar el año 2010. Los efectos inmediatos, en viernes, inicio de un puente de cinco días y principio de la época navideña, han sido devastadores y alcanzado niveles de catástrofe no solo nacional, al afectar a todos los vuelos, con destino u origen España, desde cualquier lugar del mundo. Ahora, las previsiones son que los controladores aéreos, de forma individual y personal, y su sindicato USCA, de forma corporativa, tendrán que responder de sus actos con consecuencias gravísimas, ya que además de las responsabilidades del ámbito laboral, les serán aplicadas las derivadas de lo previsto en el Código Civil respecto de daños a terceros que, en el mejor de los casos, alcanzarán reclamaciones económicas considerables y que podrían ver acumuladas sanciones penales.

La paradoja de toda esta situación es que los controladores y su sindicato se han descontrolado -y no es un chiste-. Se han descontrolado gravemente y, en principio, la responsabilidad hay que achacarla a los responsables sindicales que se supone representan y orientan al colectivo. Partiendo del hecho universalmente conocido de que las extraordinarias condiciones laborales y sus contrapartidas, de que disfrutan estos profesionales, difícilmente justifican una huelga y el papel victimario que pretenden vender a la opinión pública, sus actos deberían ser cuidadosamente medidos y planificados por los elegidos para dirigir el gremio corporativo y luchar por sus intereses. Lo primero que un sindicalista que se precia, debe tener en cuenta, es que nunca, nunca, se puede lanzar a una lucha destinada al fracaso. La organización y unidad de los trabajadores que se produce con el trabajo continuo y esforzado, de muchos años de convencimiento, se pierden en unas pocas horas por lanzarlos a una huelga mal planteada y que termina en fracaso.

¿De verdad -vista la actitud decidida del Ministerio de Fomento- pensaban que el Gobierno se arredraría ante el pulso de una huelga súbita y salvaje? Los negociadores del USCA son una autentica birria si no han sabido medir hasta donde podían tensar la cuerda y si han se han dejado desbordar por una repentina ira de sus bases, como pretenden justificar lo sucedido. Esto es el descontrol de unos dirigentes sobre sus actos, su estrategia, sus afiliados y los acontecimientos, lo que evidencia mas su papel de “capos gremiales” que de verdaderos representantes laborales.

El segundo gran error achacable a los mismos responsables, extensible a sus asesores jurídicos, es no calibrar que, vulnerada la norma respecto del correcto ejercicio del derecho de huelga, perdían todo amparo y no solo en la jurisdicción laboral, abriendo sus actos al sometimiento a la legislación general y dando oportunidad de reclamar a terceros por los daños causados. Tal circunstancia impide (si así lo habían estimado) que un acuerdo “in extremis” con el Gobierno les librase de toda consecuencia. Ahora, los viajeros, las aerolíneas, los hoteleros y comerciantes, en fin, todos los que legítimamente se consideren perjudicados, instarán los procedimientos judiciales que les interesen, sin que ningún acuerdo (por otro lado improbable) lo impida hasta su pronunciamiento.

Y el tercer y no menos grave, error, viene a demostrar hasta que punto, la burbuja de privilegio y confort en que vive esta gente, les ha desconectado de la realidad de la sociedad de la que forman parte. En un país inmerso en una gran angustia por la crisis económica, con mas de cuatro millones de parados, con decenas de miles de autónomos y pequeños empresarios sumidos en la escasez de crédito, el torbellino de los impagados y al borde del cierre y la inactividad, con familias desahuciadas de sus hogares, con una juventud sin futuro, con los ciudadanos hartos de un Gobierno incapaz y una oposición peor e irresponsable, hasta el mas lerdo hubiera previsto que concitaría el odio inmoderado, no solo de los que se vieran directamente afectados por la suspensión de vuelos. Todo el país ha visto en los controladores aéreos unos provocadores inadmisibles, sobre los que descargar la carga de frustración y rabia contenida durante los dos últimos años. ¡Que genios!

Con un cierto asombro inicial se ven comentarios -mínimos- en las redes sociales, a favor de los controladores, poco menos que equiparándolos a una vanguardia obrera que inicia la lucha contra unos gobernantes despóticos, o impulsores revolucionarios contra la injusticia y la opresión, o punta de lanza del movimiento obrero que abre camino de las conquistas sociales al resto de las clases trabajadoras. Nada mas lejos de la realidad. El corporativismo de este reducido grupo profesional, que forman los controladores aéreos, es totalmente refractario a la solidaridad de ningún tipo. Se caracteriza por lo cerrado de su clan y por la dificultad creada para formar parte de el, como elemento sustancial para su mayor bienestar y prevalencia. A las extraordinarias y generosas contrapartidas laborales se unen -como condición indispensable para que así sean- un férreo control sobre el número de componentes de la profesión, la enseñanza para acceder al desempeño de la misma y de las oposiciones para lograr entrar en tan selecto y cerrado club. No perder esa cualidad de “números clausus” está en las razones no confesadas de su postura irredenta durante tantos años ¿Como si no se puede justificar el cobro de horas extras a razón de 1.500 euros/hora y que, acumulando esas horas extraordinarias, mas de cien de ellos alcance los 600.000 euros anuales desde los 200.000 asegurados? Los extraviados que simpatizan con estos individuos forman parte del folclore, incapaz del análisis mas profundo de lo que sus uñas raspan en la superficie y que, llegado el momento, no dudan en votar a Ruíz Mateos, Laporta, la Mairena o Belén Esteban.

Pero la sospecha de descontrol también alcanza al Gobierno y al principal partido de la oposición, salvo que no haya tal descontrol y estemos ante hechos calculados, con su correspondiente grado de riesgo y/o de “maquiavelismo”, que deberán tener igualmente consecuencias políticas y de lo que los ciudadanos debieran tomar buena nota y pedir oportunas aclaraciones.

Que las cuentas sin aclarar de las horas de trabajo, de los controladores, permitían que se agotasen antes de final de año, se conocía desde hace meses y, si había que corregir tal computo ¿porque esperar a un momento cumbre como el de esta época y festividades? Y, si de un capote y cita torera se trataba, para que el USCA embistiera sin medir (como así lo ha hecho), ¿es lícito y responsable hacer recaer, sobre los sufridos viajeros y todo un país, las nefastas consecuencias de una estrategia de derrota absoluta y definitiva de los controladores? El Gobierno tiene la obligación de dar cuentas a una mas que “mosqueada” y “cabreada” ciudadanía de como se ha desembocado en tal desastre. Y esa oposición, cuya estrategia consiste en esperar que les “caiga solita la manzana” (España) aún a riesgo de que se haga trizas en el suelo y sea poco menos que irrecuperable, vuelve a actuar con la ambigüedad y relativismo que les caracteriza. Trata de que la impresión sea, como siempre, imputable a la ineptitud gubernamental y no aclara si, como apuntan algunos protagonistas, conocía de antemano las intenciones de los controladores y había mostrado algún grado de “comprensión” ante su posible actuación “descontrolada” por mor de la erosión que sufriera el Gobierno.

A estas alturas solo cabe reflexionar hasta que punto, los ciudadanos de este país llamado España, hemos perdido el control de esa soberanía que, dice la Constitución y los principios democráticos, reside en el pueblo y estamos permitiendo que los mas incapaces, ineptos, disgregadores y corruptos nos gobiernen o se apresten a gobernarnos, sin decidir de forma enérgica darles la espalda y optar por nuevas e incontaminadas alternativas democráticas.