LA REFORMA LABORAL 2: TABLAS AMAÑADAS

Se acaba de producir la votación de la propuesta del Gobierno que reforma, una vez más, la legislación laboral, con recorte de derechos de los trabajadores, disminución de costes de despido, más fácil además, para los empresarios, aumento de las potestades discrecionales de estos y reforzamiento del monopolio sindical que detentan UGT y CCOO en un a modo de compensación postrera.

Con este acto, el gobierno desahuciado del PSOE insiste en seguir haciendo el trabajo sucio que el capitalismo le demanda, dejando tras de sí la tierra quemada que prueba su absoluta incapacidad de decidir autónomamente de sus servidumbres, las políticas con los nacionalismos de siempre y las fácticas con los grandes grupos económicos y financieros.

La partida acaba en tablas, según pretende hacernos creer el gobierno, pero es evidente que todo se ha amañado para llegar a este resultado, con la vana pretensión de que la resultante sea una victoria política de aplicaciones varias: para ZP, sacar pecho ante Europa-Merkel y seguir presumiendo de que logra cumplir sus compromisos; para el PSOE y el candidato Rubalcaba, ganar tiempo, procurando “no pisar demasiados callos” y seguir esperando un milagro de cara a las próximas elecciones.

La descarada apuesta política de la CEOE por el PP, boicoteando la concertación social, logra premio, con el plus añadido de haber rectificado (a peor para los trabajadores) las condiciones de despido de la reforma laboral 1. Los sindicatos hegemónicos y monopolistas de CCOO y UGT, incapaces de movilizar a los que dicen representar, por su entrega y complicidad con el PSOE, apenas balbucean alguna protesta, pero ven como se posterga la capacidad de los órganos unitarios de representación laboral (Comités de empresa) para dar prioridad a sus “sucursales-secciones” sindicales, en una maniobra más para ahogar en lo posible la expansión del sindicalismo independiente de empresa y otras opciones federales y confederales que lenta, pero inexorablemente, van haciéndose hueco en sus errores.

Sosteniendo los beneficios inmediatos para la economía española de esta reforma, Valeriano Gómez ha pretendido presentarla como inocua para las dos partes implicadas y equilibrada entre intereses distintos. Pero, salvo “vestir el expediente” ante la UE, no contenta a nadie y desde perspectivas distintas se coincide en que no solucionará gran cosa.

Todo este proceso, desde el momento en que los interlocutores sociales se sentaron, ha venido acompañado de una feroz campaña mediática, falsa y manipuladora, que ha querido presentar el sistema español de regulación laboral basada en acuerdos firmados entre partes (negociación colectiva), como algo “esclerotizado”, “rígido”, “desfasado”, “herencia franquista”, “sin comparación con Europa”, “destructivo para la iniciativa empresarial” y otras muchas falacias de todo tipo, cuando lo cierto, para quien conozca mínimamente los procedimientos y costumbres de concertación laboral en Europa, en especial en los países de economía más fuerte (y por ende mayor democracia industrial), es que las diferencias son escasas, no son insuperables en su adaptación y, desde que existe la libertad de negociación, los propios interlocutores han aceptado, importado y adaptado formulas aplicadas en los países de ese nuestro entorno más equiparable.

¿La ultra-actividad de los convenios? Pensemos que, si a la finalización de la vigencia de un convenio colectivo, las contrapartidas y condiciones pactadas en el mismo se extinguieran o quedasen congeladas para los trabajadores del momento y las nuevas contrataciones no pudieran acogerse a las mismas, el escenario más previsible es el de la proliferación del conflicto para que tal cosa no pudiera llegar a darse y la renegociación o renovación de los convenios se convertiría en todo un “casus belli” en el ámbito de las empresas y las horas perdidas por huelgas aumentarían de forma exponencial.

¿Convenios sectoriales versus convenios de empresa? Cuestión esta que presenta mayores problemas dentro del empresariado de lo que estos dejan traslucir. Más aún que entre los sindicatos. Lo cierto es que en muchos de los sectores de actividad, la concreción en los convenios colectivos de condiciones homogéneas, especialmente las tablas salariales, asegura espacios vedados a la competencia empresarial e impide el “dumping” en las ofertas a la baja. Entre los mismos empresarios no es aceptable que, alguno de ellos, pueda competir en base a costes salariales más bajos, excusándose en problemas coyunturales de viabilidad o en el peregrino argumento de que “el que empieza deba pagar menos”.

En este apartado, el falso debate ha tenido el efecto de añadir el elemento “nacionalismo” donde no había porqué. La opción de ámbitos de negociación autonómicos con preferencia sobre los provinciales o estatales, solo debe ser decidido por la racionalidad económica y la consecución de los objetivos de seguridad en los componentes de costes de actividad, paz social, justicia y homogeneidad de las situaciones equivalentes, etc… pero nunca para la afirmación o la reivindicación de identidades u otras pretensiones del mismo estilo, que son una constante en la desvertebración que la deriva nacionalista provoca cada vez con más descaro. La abstención de CIU y PNV para facilitar la aprobación de la Ley no es ajena a estas pretensiones y tarde o temprano sabremos las contrapartidas cedidas por Zapatero a estas formaciones.

Lo cierto es que, toda la tan cacareada necesidad de reformar la negociación colectiva, es solo una ofensiva mas del decidido empeño de los poderes económicos y empresariales para aprovechar la coyuntura, larga coyuntura, de crisis económica y financiera, de cuyas causas no son ajenos, para lograr el desmantelamiento del estado de bienestar y la mayor desregulación posible del mercado laboral, alcanzando las mayores cotas de poder discrecional para el patronazgo, como ya dispuso con anterioridad a la segunda guerra mundial.

De eso se trata cuando se analizan el resto de componentes que, bajo la discusión forzada de los temas anteriores, se disimulaban: absentismo laboral, modificaciones de condiciones sustanciales de trabajo como jornadas, horarios, turnicidades, retribuciones por productividad, etc. Todos estos componentes de las condiciones/contrapartidas de trabajo, se han venido negociando sin más limitación que la voluntad de las partes (y la correlación de fuerzas) durante tres décadas, con múltiples ejemplos y variaciones en su tratamiento en miles de convenios colectivos.

Y ese es el problema para los empresarios, que no quieren negociar, que quieren imponer. Piensan que ha llegado el momento de volver a la imposición, al “ordeno y mando”, al “esta es mi casa” y “las leyes aquí las hago yo” y que sentarse a discutir con una representación legal de los trabajadores debe ser erradicado sin más.