Desde que en febrero de 2005, el informe del Consejo de Expertos para la Reforma de RTVE propusiera la creación de una autoridad nacional sobre el sector audiovisual y apuntara los criterios esenciales para determinar sus funciones y composición, la falta de iniciativa del gobierno socialista y la oposición de grupos de presión con intereses corporativos o económicos, han impedido que se pusiera en práctica esa recomendación. Han pasado cinco años para debatir y aprobar la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual y un año más sin que este órgano supervisor sea aún una realidad.
Ahora, al tratar el Gobierno de iniciar el procedimiento de constitución del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, vuelven las presiones en contra desde posiciones ideológicas concretas y estamentos con intereses particulares al respecto. Así, ciertos sectores de la profesión periodística avisan del peligro de un sistema de censura sobre los medios audiovisuales, los empresarios que implementan los intereses económicos de los operadores privados reclaman, en nombre de la libertad de empresa, la ausencia total de cualquier regulación externa a las propias entidades empresariales, los partidos políticos nacionalistas, que si han constituido órganos de control propios en su ámbito territorial, se oponen a cualquier competencia de alcance para todo el territorio español y el Partido Popular alza la bandera de un presunto liberalismo, en connivencia con los grupos mediáticos particulares más influyentes, para tildar de intervencionista y agente censurador al proyectado Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, hasta el punto de afirmar, categóricamente, que lo suprimirá en cuanto que constituya el, que ya da por seguro, su próximo gobierno de España.
La inmediata constitución y puesta en marcha del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, es una medida de normalización democrática que asegura la mejor y más correcta actividad de un sector con tanta capacidad de influencia en la formación de opinión pública colectiva, de aporte de información para el libre albedrio de la ciudadanía y de mejora y extensión de la cultura y el entretenimiento para las personas. No se puede dejar que estos instrumentos, de tal repercusión en la formación y mantenimiento de valores y comportamientos, estén solo sujetos a los intereses económicos de las empresas operadoras, los intereses políticos de los gobiernos de turno y la subjetiva opinión de la deontología en el desempeño profesional de parte de los trabajadores concernidos.
Esa es la base sobre la que se sustentan las normas de la Unión Europea, que establecen la exigencia de estos órganos reguladores y la experiencia del resto de países de nuestro entorno común europeo y occidental, en relación con lo cual, la situación española es la de una clara carencia, máxime, cuando de esas experiencias se demuestra el beneficio indudable y la eficacia y objetividad de las autoridades audiovisuales existentes, sin que esos pretendidos perjuicios de intervencionismo abusivo, de control político mal ejercido y de actitudes censoras se puedan considerar ciertos.
Intereses generales como la libertad de expresión, el pluralismo, la diversidad cultural, la protección de los consumidores o la protección de la infancia, entre otros muchos, reclaman la inmediata aplicación de la ley 7/2010 aprobada por los representantes y depositarios de la soberanía popular. Y esperemos que, frente a lo que sucede con otros órganos institucionales de supervisión y control, no se produzcan las injerencias políticas de costumbre ni se termine “clientelizando” por el sistema de cuotas, el nuevo regulador audiovisual.
La necesidad de regeneración alcanza a muchos segmentos significativos y necesarios de la actividad política global en España y la situación de los medios informativos, ubicados a la fuerza en PÚBLICOS y dependientes de los gobiernos respectivos, o CONCERTADOS y supeditados a intereses económicos y políticos concretos, no escapa a esta necesidad y, dentro de este sector, el más especifico de la televisión, presenta niveles de degradación de contenidos y falta de responsabilidad social que no pueden dejarse de atajar por más tiempo.
Liberalismo, liberalismo, cuantos desatinos se pretenden en tu nombre.
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